En una sentencia que marca un hito legal en la protección al consumidor, el Juzgado de Primera Instancia nº 101 bis de Madrid ha anulado la cláusula IRPH de un préstamo hipotecario, tras una demanda impulsada por Arriaga Asociados. El fallo establece que la cláusula carecía de la transparencia necesaria y que ocasionaba perjuicios significativos al consumidor, por lo que se sustituirá por el Euríbor. Además, se ordena la devolución de las cantidades cobradas en exceso.
El juzgado ha argumentado que la entidad bancaria no brindó la suficiente información sobre las características del IRPH, su cálculo ni sus consecuencias económicas. En este sentido, la sentencia subraya que al consumidor no se le explicaron las comparaciones del IRPH con otros índices, como el Euríbor, ni se le informó sobre el diferencial negativo según la Circular 5/1994 del Banco de España. El magistrado determinó que simplemente publicar la definición en el BOE no aseguraba que el cliente estuviera bien informado.
La decisión judicial destaca que la falta de transparencia ha derivado en una cláusula abusiva, creando un desequilibrio notable entre las partes. En su crítica a la entidad bancaria, el juez mencionó la ausencia de buena fe en la conducta del banco, lo cual afectó negativamente al cliente. Como resultado, el préstamo será referenciado al Euríbor, y el consumidor recuperará las cantidades pagadas de más.
El fallo se alinea con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que indica que, al declararse nula una cláusula, debe consultarse al consumidor sobre su preferencia entre anular el contrato o sustituir el índice IRPH. El magistrado reconoció que ha cambiado su criterio en base a las recientes sentencias del TJUE de 2023 y 2024.
Arriaga Asociados ha manifestado su confianza en que el Tribunal Supremo siga esta línea jurisprudencial en próximos fallos sobre el IRPH, que se esperan en las próximas semanas. Este caso resalta la importancia de la claridad y transparencia en los contratos financieros, consolidando la protección de los derechos de los consumidores.
