En el dinámico panorama mundial, la inteligencia artificial (IA) se erige como un campo de batalla crucial en el ámbito tecnológico y ético. Fernando de Águeda, vicepresidente de Scalian y responsable en España, plantea un urgente llamado a equilibrar regulación, supervisión ciudadana, innovación y ética. Esto surge en un contexto de disparidad geopolítica y ambiciones comerciales, con personalidades como Elon Musk intentando adquirir Open AI y al mismo tiempo clamando por una mayor regulación.
La preocupación de Musk y otros analistas no es infundada. La IA influye en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde el control de redes sociales hasta diagnósticos médicos y predicciones delictivas. Para de Águeda, el control y regulación de la IA son vitales, pero deben abordarse sin frenar su potencial ni dejar esta poderosa herramienta en manos incorrectas.
Scalian destaca la importancia de establecer un marco de actuación basado en dos pilares: técnico y ético. En el plano técnico, la supervisión humana, límites en la toma de decisiones y la transparencia se antojan imprescindibles. Mientras que en el ámbito ético, el respeto a la privacidad y la protección de datos son claves para ganar la confianza del público.
La IA se distribuye globalmente entre tres grandes bloques: Estados Unidos, con gigantes tecnológicos como Meta y Google; China, donde el control estatal es dominante; y la Unión Europea, que prioriza la ética aunque con menor innovación. Esta distribución, según de Águeda, genera desigualdad tecnológica y falta de cooperación global.
El debate se intensifica al considerar si se requiere una regulación global o si cada nación debe establecer la suya. De Águeda sostiene que el mundo interconectado de hoy necesita un enfoque global para evitar un «caos» regulatorio y el riesgo de monopolios descontrolados.
Otro de los dilemas que plantea es si los estados deben desarrollar su propia IA para el bienestar ciudadano. Aquí, la confianza en los gobiernos y su transparencia se vuelven cruciales, ya que una IA gubernamental podría, en teoría, mejorar la eficiencia estatal, pero en manos poco confiables, también podría propiciar manipulación política y vigilancia masiva.
Finalmente, de Águeda aboga por una colaboración regulada entre gobiernos y empresas tecnológicas, evitando que esta relación se convierta en un instrumento de control masivo o que impida la competencia justa. Este modelo permitiría compartir información sin frenar la innovación.
En este punto de inflexión, la IA puede ser una herramienta de progreso o de control masivo. La pregunta primordial es quién tiene la autoridad moral y técnica para dirigir su futuro, garantizando un balance entre regulación, supervisión ética e innovación. La respuesta a esta pregunta definirá si la IA se convierte en un aliado del progreso o en un instrumento de poder.
