Inmigración, dignidad humana y bien común
Vista desde lejos, la inmigración parece una cuestión de cifras. Se habla de población, puestos de trabajo, fronteras, permisos de residencia y recursos disponibles. Los hombres aparecen distribuidos en columnas, convertidos en porcentajes e inscritos en curvas que ascienden o descienden. Pero basta acercarse, levantar los ojos del informe y mirar a quien llega, mirar también a quienes lo reciben, para advertir que bajo aquella superficie administrativa late una pregunta más antigua y grave. En pocas realidades de nuestro tiempo se descubre con semejante claridad lo que una sociedad piensa del hombre, de la justicia y de su propia existencia. Detrás de cada frontera hay dos rostros: el de quien llama y el de quien escucha desde dentro.
Por eso considero que la inmigración constituye, antes que un problema de gestión, una prueba moral de la comunidad política. Concurren en ella dos exigencias que una política justa debe reconocer conjuntamente: lo debido al extranjero por su condición de persona y lo debido a la comunidad por su ordenación al bien común. Atender a la primera exige reconocer una dignidad anterior a cualquier documento; atender a la segunda obliga a cuidar las condiciones que hacen posible una convivencia humana. Cuando la compasión prescinde de estas condiciones, puede consumir el orden que debía sostenerla. Cuando la defensa del orden pierde de vista a la persona, el extranjero queda reducido a fuerza de trabajo, expediente o amenaza. En un caso se desvanece la comunidad; en el otro, se oscurece el hombre.
Nuestro debate público oscila con demasiada facilidad entre ambos extremos. Un moralismo sentimental propone una acogida casi ilimitada, confiando en que la bondad de la intención asegure por sí sola la justicia del resultado. Sin embargo, las consecuencias tienen su propia gravedad y recaen sobre vidas concretas. Con frecuencia son los más pobres quienes soportan el coste de decisiones cuya generosidad otros proclaman desde lejos. La virtud política necesita prudencia: conocer los medios, medir las posibilidades, prever el peso que una medida impondrá a quienes habrán de vivir con ella.
En el extremo contrario, el repliegue defensivo contempla al extranjero bajo la figura persistente de la amenaza. Su presencia parece anunciar siempre una pérdida; su diferencia, un peligro. Así se endurece la mirada hasta que deja de distinguir al hombre entre los temores que lo rodean. Una justicia que cierra todos sus caminos a la caridad acaba por empobrecerse también como justicia.
Aunque se contradigan, ambas posiciones padecen una carencia semejante. Sustituyen la deliberación por una reacción aprendida, por una respuesta que precede al examen de la realidad. Han perdido una noción viva de la comunidad como realidad ética, como ámbito donde los hombres comparten bienes y se reconocen obligaciones.
Nuestra época dispone de un lenguaje abundante para hablar de derechos, intereses, procedimientos, cuotas y fronteras. Le cuesta más nombrar aquello que justifica y ordena ese vocabulario: el bien común. La literatura sobre inmigración es inmensa, pero sus perspectivas predominantes son sociológicas, jurídicas, económicas o politológicas. Cuando la cuestión alcanza la filosofía política, suele hacerlo dentro de los grandes marcos modernos: el liberalismo de los derechos, el cosmopolitismo kantiano, el comunitarismo o el decisionismo. Pese a sus diferencias, estos marcos se apartan, en aspectos decisivos, de la comprensión clásica del individuo y de la comunidad.
En semejante paisaje, santo Tomás de Aquino puede parecer una figura remota. Se lo contempla como una piedra venerable que hubiera quedado en pie tras la desaparición del edificio al que pertenecía. Algunos han llegado a considerar su pensamiento un obstáculo para una ética contemporánea de la acogida. Creo, por el contrario, que permite esclarecer sus fundamentos. Entre el realismo político medieval y la doctrina social contemporánea de la Iglesia reconozco una continuidad esencial, desarrollada ante circunstancias históricas nuevas: la dignidad de la persona, la primacía del bien común y la prudencia como virtud rectora de la acción política.
Es preciso volver a esos fundamentos y demorarse en ellos.
Aristóteles llamó al hombre animal político. Con ello expresaba algo más profundo que una inclinación a buscar compañía. El logos humano reclama la palabra compartida, la deliberación acerca de lo conveniente, lo justo y lo injusto. Nuestra condición encuentra su cumplimiento en una vida común donde podemos dar razones y escuchar las razones de otros. La pólis nace para hacer posible la vida y permanece para hacer posible la vida buena. Su sentido rebasa el miedo y el intercambio de ventajas. Quien pudiera bastarse enteramente a sí mismo quedaría, según la célebre expresión aristotélica, por debajo o por encima de la condición humana: sería una bestia o un dios.
Santo Tomás recibe esta intuición y la sitúa en una comprensión metafísica del hombre y de sus fines. La comunidad política es una communitas perfecta, capaz de ordenar la convivencia hacia el bien común. Ese bien posee una realidad propia. No resulta de sumar intereses particulares, como se suman cantidades en un libro de cuentas, ni vive suspendido sobre los ciudadanos como una abstracción indiferente a sus necesidades. Comprende las condiciones materiales, jurídicas, morales y espirituales que permiten vivir humanamente y avanzar hacia la virtud. La política tiene una esfera propia, pero su sentido permanece vinculado al bien del hombre. Cuando se vuelve contra él, hiere el fundamento de su autoridad.
Frente a la imagen contractualista de individuos originariamente separados que acuerdan reunirse, un pacto entre soledades, la tradición clásica presenta la ciudad como una forma de amistad. Se trata de una amistad política, distinta del afecto personal: el reconocimiento de que participamos en bienes que nadie puede poseer por sí solo. La paz, la justicia, la confianza en las leyes o la continuidad de una vida compartida pertenecen a todos y necesitan de todos.
En santo Tomás, este orden moral se articula mediante tres nociones decisivas.
La primera es la ley, ordinatio rationis ad bonum commune, ordenación de la razón al bien común. Su legitimidad última exige racionalidad y orientación al bien del conjunto. La voluntad del gobernante y el respaldo de una mayoría poseen su lugar en el orden político, pero ninguno de ellos basta para volver justa cualquier disposición. También el poder debe dar razón de lo que manda.
La segunda es la primacía del bien común, melius quam bonum unius, un bien mejor que el bien aislado de uno solo. Esa primacía se comprende porque el bien compartido sostiene y lleva a cumplimiento bienes personales que quedarían incompletos en soledad. De ahí la importancia de la justicia legal, que orienta los actos de los miembros hacia el bien del conjunto. El ciudadano recibe protección, derechos y oportunidades; recibe también una responsabilidad. Habitar la ciudad supone contribuir a aquello que permite a otros habitarla.
La tercera noción es la prudencia política. La prudencia mira las circunstancias, conoce las fuerzas disponibles, considera las consecuencias y elige medios proporcionados. Su oficio consiste en conducir el principio hasta la decisión concreta. Un bien formulado en términos universales todavía requiere discernimiento para realizarse aquí, en estas condiciones, con estos recursos y entre estos hombres. Entre conocer lo justo y acertar en la acción se abre una distancia que ninguna consigna puede suprimir. Esa distancia pertenece a la prudencia.
Sobre las tres nociones se alza un límite moral: lex iniusta non est lex. La ley injusta pierde la plenitud de aquello que la hace ley. Aplicado a la inmigración, este principio obliga a mirar en dos direcciones. Una regulación que humilla al extranjero, desconoce su dignidad o lo convierte en instrumento incurre en injusticia. También puede incurrir en ella una política que, bajo palabras compasivas, dañe gravemente las condiciones del bien común. La injusticia puede mostrarse en una puerta cerrada ante el desamparo; puede esconderse asimismo en una promesa generosa cuyo cumplimiento se deja enteramente a otros.
Regular la acogida pertenece, por tanto, al ejercicio de la justicia política. La acogida necesita un orden que la sostenga; la regulación necesita recordar el bien humano al que sirve. Ambas se reclaman cuando se entienden desde sus propios fundamentos.
Desde aquí puede comprenderse la reflexión tomista acerca del extranjero. Al examinar la legislación mosaica, santo Tomás distingue situaciones cuya diferencia conserva fecundidad conceptual. El peregrinus es el extranjero de paso. Se le deben justicia y protección frente al abuso, aunque su estancia temporal no lo incorpore por sí misma a la comunidad política. Pisar un territorio y pertenecer a un pueblo son realidades distintas. La ciudad posee una consistencia moral que rebasa el espacio ocupado por sus calles.
El advena, en cambio, reside de manera estable. Su presencia exige protección efectiva y reconocimiento jurídico, pero todavía, según expresa Tomás, non sunt perfecte incorporati populo, estos extranjeros no están plenamente incorporados al pueblo. La residencia abre una relación duradera con la comunidad; la pertenencia política requiere que esa relación adquiera una forma más completa.
Finalmente aparece el ciudadano plenamente incorporado. En el marco histórico que comenta el Aquinate, la incorporación puede exigir un tiempo largo, incluso generacional. Trasladar directamente esas disposiciones a nuestra época sería desconocer la distancia entre las circunstancias. Interpretarlas mediante categorías raciales o biológicas ajenas a su fundamento político conduciría también a un error. La cuestión decisiva es la relación con el bien común: la deliberación compartida necesita cierta comunión acerca de los fines de la convivencia.
Hay en ello una intuición que merece ser conservada: el tiempo puede formar parte de la justicia. Algunas pertenencias requieren hábitos, confianza, conocimiento de las leyes, aprendizaje de responsabilidades y memoria compartida. Necesitan que la voluntad vaya encontrando su lugar en aquello que pertenece a todos. Un decreto puede reconocer una condición jurídica; la convivencia habrá de darle espesor. La puerta se abre en un instante. Convertir la casa en hogar exige días, encuentros, deberes cumplidos, una lenta familiaridad con las voces que la habitan.
La potestad de regular esa incorporación encuentra, sin embargo, un límite anterior a las fronteras. La ley natural, participatio legis aeternae in rationali creatura, alcanza a cada hombre por su condición humana. La persona, subsistens in rationali natura, posee una dignidad que ningún documento le otorga y que ninguna administración puede retirar.
El extranjero permanece dentro del orden moral. Su vulnerabilidad no lo entrega a nuestra conveniencia. Resulta injusto utilizarlo como mano de obra mientras es útil y tratarlo como cuerpo extraño cuando deja de serlo. Resulta igualmente injusto cargar sobre él frustraciones sociales cuyo origen precede a su llegada. Antes de recibir las denominaciones de inmigrante, residente o futuro ciudadano, es persona. Toda política debe comenzar por ese reconocimiento.
De aquí procede una distinción decisiva entre hospitalidad y ciudadanía. La hospitalidad responde a exigencias morales inmediatas: proteger frente a la violencia, reconocer jurídicamente a la persona y asegurar las condiciones elementales de una vida digna. La ciudadanía pertenece al orden de la participación política y requiere mediaciones, condiciones y tiempo.
Confundirlas perturba ambos órdenes. La defensa de la pertenencia política puede emplearse para negar la protección debida a cualquier hombre; la exigencia de hospitalidad puede extenderse hasta hacer irrelevantes todas las condiciones de pertenencia. Así se pierde, alternativamente, la persona o la ciudad. La autoridad tiene competencia real para regular la incorporación a la comunidad, pero debe ejercerla dentro de límites morales. Antes de ser un posible conciudadano, el extranjero es nuestro prójimo.
El mundo moderno ha transformado la escala de estas cuestiones. Las migraciones alcanzan distancias y magnitudes que el mundo medieval no conoció. Guerras, persecuciones, cambios económicos, comunicaciones globales y enormes desigualdades ponen en movimiento a millones de personas. Bajo esa magnitud persisten las vidas singulares: una familia abandona su casa de noche; alguien escoge apresuradamente lo que cabe en una maleta; un niño aprende el nombre de una frontera antes de comprender por qué debe cruzarla. La historia mueve multitudes, pero cada partida ocurre en una vida concreta.
La doctrina social de la Iglesia ha ido explicitando los principios morales conforme cambiaban las circunstancias. Desde Rerum Novarum, con su atención a la dignidad del trabajador y a las condiciones materiales de su existencia, cobra relieve una sensibilidad que las guerras y los desplazamientos del siglo XX obligarán a desarrollar. El extranjero aparece también como inmigrante: un hombre separado muchas veces de su comunidad de origen, expuesto a la pobreza, a la explotación y a decisiones sobre las que apenas puede influir.
Pacem in Terris reconoce el derecho a emigrar cuando existen razones justas. Entiendo ese reconocimiento como una prolongación del realismo político clásico. Si la comunidad se ordena al bien humano, nadie puede quedar moralmente encadenado a un orden incapaz de asegurarle unas condiciones mínimas de vida digna. A su vez, el derecho a emigrar debe distinguirse de una pretensión ilimitada de incorporación política a cualquier comunidad. Quienes reciben conservan la responsabilidad de ordenar prudentemente la acogida. La dignidad del que parte y el bien común de quienes lo reciben deben entrar juntos en la deliberación.
El número 2241 del Catecismo de la Iglesia Católica expresa esa doble exigencia con particular claridad. Las naciones más prósperas deben acoger al extranjero en la medida de sus posibilidades; quien llega debe respetar las leyes del país que lo recibe y contribuir a su bien común. Ambas obligaciones pertenecen a una misma concepción de la justicia. La hospitalidad reconoce la dignidad; la integración da forma a una vida compartida mediante derechos y deberes.
Caritas in Veritate considera la movilidad humana dentro del mundo globalizado y reclama una respuesta que comprenda su dimensión humana, más allá del cálculo económico y de la gestión técnica. De ahí la necesidad de políticas coordinadas, responsables y prudentes. La caridad ilumina la justicia y mueve a realizarla; las instituciones, las leyes y las decisiones le proporcionan continuidad histórica.
Fratelli Tutti acentúa la fraternidad universal y denuncia la indiferencia ante el extranjero. Su lenguaje recuerda cuánto se pierde cuando una persona queda encerrada en la imagen de una amenaza. Leída dentro del conjunto de la tradición, esa fraternidad exige a las comunidades políticas reconocer un vínculo humano que rebasa sus límites territoriales. Las fronteras delimitan competencias y pertenencias; nunca pueden delimitar la dignidad. La caridad informa la prudencia para que el conocimiento de las circunstancias conserve también el conocimiento del hombre.
A través de estos desarrollos permanece un hilo reconocible. Se amplía el horizonte histórico y aparecen problemas que santo Tomás no pudo conocer. La dignidad de la persona, el bien común y la prudencia siguen proporcionando los fundamentos desde los que juzgarlos. Su permanencia exige nuevas aplicaciones y un discernimiento atento a lo que ha cambiado.
Esta perspectiva permite valorar también las aportaciones y las insuficiencias de algunas respuestas modernas. El liberalismo ha contribuido decisivamente a proteger los derechos individuales y a limitar la arbitrariedad del poder. Su tendencia a concebir la comunidad como un marco neutral de coexistencia dificulta, sin embargo, la formulación de una idea sustantiva de integración. Queda por explicar qué bienes y responsabilidades han de compartir quienes viven bajo unas mismas leyes.
El cosmopolitismo recuerda con justicia que la dignidad humana rebasa cualquier frontera, aunque puede debilitar las mediaciones políticas necesarias para hacer efectiva esa universalidad. El comunitarismo recupera la pertenencia, la tradición y la memoria, pero necesita un fundamento moral desde el que juzgar también las injusticias de la propia comunidad. El decisionismo reconoce el peso de la soberanía y del conflicto, pero corre el peligro de situar en la decisión del poder la fuente última de legitimidad.
El tomismo ofrece criterios para recoger lo verdadero de estas intuiciones y ordenar sus límites. Vincula la dignidad universal con las condiciones concretas de su protección; reconoce el valor de la comunidad y la somete a juicio moral; concede autoridad al gobernante y le exige dar razón de sus decisiones. Derechos, deberes, hospitalidad y pertenencia encuentran así su lugar dentro de una comprensión común de la justicia.
De esos fundamentos se desprenden algunos criterios generales para la política migratoria. El respeto a la dignidad debe ser efectivo y excluir la humillación, la instrumentalización y la discriminación arbitraria. La atención al bien común obliga a considerar la cohesión social, la legalidad y la capacidad real de las instituciones. La integración requiere un proceso de participación en derechos y deberes, más profundo que la presencia territorial y compatible con la conservación de la memoria de origen. La prudencia exige distinguir situaciones, adecuar los medios a los fines y considerar las consecuencias a lo largo del tiempo.
Integrarse es aprender a habitar una casa común. Quien llega trae recuerdos, costumbres, palabras, afectos; trae una vida cuya continuidad merece respeto. La comunidad que lo recibe posee también una historia, unas leyes y unas responsabilidades que necesitan ser reconocidas. La convivencia madura cuando esas vidas encuentran un ámbito compartido de obligaciones y fines. Exige al recién llegado una disposición a participar y a quienes lo reciben una disposición a reconocerlo. Tiene una dimensión política y otra moral, porque compromete la manera en que cada uno aprende a vivir con los demás.
Aquí vuelve a mostrarse el oficio de la prudencia. Ningún principio contiene mecánicamente todas sus aplicaciones. Es necesario preguntar qué puede hacerse, qué resulta justo en estas circunstancias, qué efectos son previsibles y qué recursos permitirán sostener la decisión. Una comunidad debe conocer sus posibilidades para que el bien prometido llegue a realizarse. La prudencia da a la justicia medios, continuidad y forma concreta.
Una política migratoria que dañase gravemente la legalidad, la cohesión social o la capacidad institucional perjudicaría también a quienes pretendía proteger. Una política que defendiera esos bienes mediante la degradación del extranjero lesionaría, a su vez, el bien común que invoca. La justicia de una comunidad se mide también por el trato que dispensa a quienes ocupan en ella una posición más frágil.
Por eso conviene abandonar las alternativas que reducen la deliberación a escoger entre apertura absoluta y cierre absoluto. La realidad exige decisiones más precisas. Exige reconocer derechos y determinar deberes, ofrecer protección y ordenar pertenencias, cuidar la comunidad y atender al desamparo. Mantener juntas estas exigencias supone un esfuerzo intelectual y moral que nuestras consignas suelen eludir.
No hay una fórmula tomista que produzca automáticamente una política migratoria determinada. Dentro de unos mismos principios caben decisiones prudenciales distintas. Se discutirá sobre cantidades, procedimientos, plazos y capacidades; el desacuerdo pertenece al ejercicio de la política. Los principios proporcionan criterios para deliberar y límites que ninguna decisión justa debe traspasar. Su valor consiste en orientar el juicio, cuya responsabilidad sigue correspondiendo a los hombres.
Al término de la reflexión regresamos a los dos rostros del comienzo. La inmigración pone a prueba la comunidad porque le exige responder a la vez por el hombre que llega y por quienes ya viven en ella. Ambos tienen una presencia moral que la decisión debe reconocer.
La dignidad es universal. La política se ejerce siempre en un lugar, entre personas determinadas, bajo condiciones que pueden conocerse y deben examinarse. La prudencia enlaza esa universalidad con la responsabilidad de actuar.
La comunidad política es un lugar histórico, imperfecto y frágil, donde la justicia puede adquirir leyes, instituciones, deberes y rostro. Su valor merece ser cuidado; sus límites impiden convertirla en un absoluto. Ante la llegada del extranjero, la cuestión exige saber por qué se abre una puerta, a quién, con qué condiciones y hacia qué bien se orienta la convivencia que comienza.
Quizá la calidad moral de una sociedad se descubra ahí, en esa atención simultánea a la puerta y a la casa. Conservar la casa permite que la acogida encuentre amparo y duración. Reconocer a quien llama recuerda a sus habitantes para qué merece ser conservada. Acoger al extranjero y ordenar su estancia son responsabilidades de una misma justicia, una justicia que necesita cuidar la comunidad sin perder de vista, en el umbral, el rostro del hombre.
